Estas zonas de seguridad en parques, caseríos, senderos de montaña, caminos, etc., ejercen a modo de pantallas protectoras con los que se dota la sociedad para autoprotegerse ante esta actividad de ocio armada y peligrosa. En las ciudades se protege a los peatones con zonas peatonales y áreas sin tráfico, y a la población infantil con parques: ¿porqué no crear amplias zonas de seguridad cinegética como mínimo de 300 metros en nuestras áreas de montañas?
Un problema añadido a la escandalosa reducción a 150 m de la distancia de seguridad es que normas similares se ven incumplidas sistemáticamente, entre otras cosas porque no hay voluntad en esa dirección por parte de muchos cazadores y por que no hay vigilancia oficial suficiente, dado la escasa dotación de recursos humanos en las Guarderías Forestales destinadas a esas funciones. Diputaciones y cazadores se han ido encargando de desprestigiar y “desarmar” a este cuerpo funcionarial, que muchas veces se juega el tipo ante un colectivo armado como es el cinegético.
También es denunciable que siendo los ayuntamientos, y como sujeto la ciudadanía, los mayores propietarios forestales, no puedan establecer -por lo menos en suelos de titularidad pública- limítes de zonas de seguridad ampliamente superiores a los 150 m ridículos propuestos por el anteproyecto de Ley de Caza.
Las élites de la caza nos repiten que en Euskal Herria se superan con creces las 100.000 licencias de caza, pero obvian que somos más de 3 milllones de habitantes en nuestro país, ante lo cual debe primar la existencia de amplias franjas de seguridad durante el desarrollo de las actividades cinegéticas.
La caza furtiva o nocturna en la Red de Parques Naturales o en la Red Natura 2000 o las amenazas y presiones a la Guardería Forestal están ampliamente extendidas, al igual que las matanzas ilegales de aves migratorias (avefrías, becadas, etc.) en períodos de frío o nieve. Las sanciones a las acciones ilegales escasean. La habitual pasividad de las Diputaciones, gobernadas por sectores políticos tradicionalistas, y como órganos competentes en materia de inspeccion y sanción cinegéticas, empuja a la impunidad y al delito de muchos cazadores. A eso cabe añadir el silencio de sociedades y federaciones. Todo lo cual refleja la capacidad que poseen muchos cazadores para autorregularse en los mandatos normativos de protección de la fauna silvestre, o de las personas.
La federaciones de caza no están acostumbradas a que las regulaciones cinegéticas sean abordadas en parlamentos, patronatos de ENPs u otros foros de composición democrática, pues es habitual que las decisiones a las que nos tienen habituadas las Diputaciones (órdenes de vedas, zonas de caza controlada, batidas de caza mayor, líneas cinegéticas, etc.) sean tomadas sin luz ni taquígrafos en sociedades de caza o batzokis. Son decisiones que en muchas ocasiones se pactan entre las dos partes, obviando con alevosía a otros agentes institucionales y sociales directamente afectados: ayuntamientos, científicos, propietarios, agricultores y ganaderos, montañeros, ecologistas, conservacionistas, etc.
En el caso de Gipuzkoa, también es significativo que la federación de caza y ADECAP, con el amparo del PNV, hayan dirigido sus dianas contra las decisiones impulsadas por ayuntamientos liderados por el PSE-EE (Donostia, Orereta, etc.). No hay que olvidar que estas iniciativas municipales buscan aumentar los niveles de seguridad de la ciudadanía o una mayor protección del medio ambiente y la biodiversidad: creación de un parque urbano en el monte Ulia, y de la zona de reserva de Añarbe, con 1.000 ha en el PN de Aiako Harria, ambos asociados a la Red Natura 2000. Las actuaciones forales, guiadas por la debilidad y el miedo escénico, se han dirigido a blindar e imponer las exigencias de los cazadores, en detrimento del interés general.
El desprecio de muchos elementos pertenecientes al colectivo de cazadores al marco legal vigente de conservación de la biodiversidad o a la Red Natura 2000 son exponentes que nos ayudan a comprender este esfuerzo reductor de las distancias y zonas de seguridad por parte de las élites de los cazadores. Supone una clara coacción que la ciudadanía pretenda salir a disfrutar de la tranquilidad de las montañas de Euskal Herria, y que durante varios meses vea reducidas sus garantías de seguridad por la caza: batidas, líneas, puestos y trepas de caza, concursos, etc. Y dotarnos de esas garantías le corresponde a la administración, a pesar de las presiones corporativas del sector cinegético.
La federación de caza parece hallarse anclada en lo “suyo“, en un contexto claramente corporativo, ajena a los procesos de modernización de la sociedad vasca, a los elevados niveles de pérdida de biodiversidad y a la alarmante artificialización del territorio de Gipuzkoa o Bizkaia. Esta última acompañada e impulsada por la acción empresarial del sector de la construcción.
Su élite dirigente concentra elementos asociados a sectores económicos con amplias conexiones con la construcción o la industria armera. Este dato nos acerca al entendimiento de las posiciones numantinas ante cualquier cambio dirigido a modificar una ley que les es favorable, por cierto de origen franquista, o a restricciones territoriales en el desarrollo de la caza.
La federación de caza y ADECAP habitualmente han buscado estrechos lazos con élites políticas pertenecientes a los sectores más tradicionalistas, de derechas y conservadores de la sociedad: defendiendo lo “establecido” y obstaculizando cualquier cambio o adaptación que afecte a su actividad de ocio, aunque suponga claros avances sociales o ambientales. Así, en el caso de Gipuzkoa, los últimos apoyos en Juntas Generales los han obtenido de la mano de PNV, H1! y PP: el azote de la conservación de la biodiversidad, el diputado Uribarren, otra vez en la palestra.
Finalmente, Eguzki exige que en la nueva Ley de Caza prevalezcan las garantías de seguridad de la ciudadanía ante una actividad armada ligada al ocio, aumentándose para ello las insuficientes distancias de seguridad a caseríos, viviendas y núcleos rurales como mínimo hasta los 300 metros o a cifras cercanas a las que inicialmente contemplaba el texto de la ley, y no sólo en el caso de caseríos y núcleos rurales si no también en bidegorris y vías verdes.
EGUZKI
2011ko martxoan
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